Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), del Gobierno Nacional, refutó estas afirmaciones.

Su director, Sebastián Rivera Ariza, aseguró que se han cumplido los compromisos, girando $49.638 millones de los $60.000 millones asignados para 2025, un presupuesto que ha aumentado históricamente. Rivera Ariza fue enfático al declarar: “Los recursos están, se han girado, y el gobierno departamental también tiene la responsabilidad y la obligación legal de cofinanciar el programa”. La UApA instó categóricamente a la Gobernación a reactivar de inmediato el servicio, recordando que la Procuraduría ya había mediado en una mesa técnica. Mientras la disputa administrativa y presupuestal continúa, miles de familias y rectores expresan su preocupación por el impacto directo en el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes.