La suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Tolima ha dejado a más de 77.000 estudiantes sin sus raciones diarias, desatando una disputa pública entre la Gobernación y el Gobierno Nacional sobre la financiación y la responsabilidad de garantizar el servicio. La interrupción del programa, que ya completa varias semanas, afecta a 59.410 beneficiarios del componente mayoritario y a 10.581 estudiantes de comunidades indígenas, poniendo en riesgo no solo su nutrición sino también su permanencia en el sistema educativo, especialmente en las zonas rurales más vulnerables. Desde la Gobernación del Tolima, el secretario de Educación, Andrés Bedoya, argumenta que el servicio está detenido a la espera de que la Asamblea Departamental apruebe una adición de $15.000 millones, recursos que solo alcanzarían hasta finales de septiembre. Bedoya advierte que si la Nación no adiciona más fondos, el programa podría terminarse definitivamente.
Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), del Gobierno Nacional, sostiene que ha cumplido con sus obligaciones. Su director, Sebastián Rivera Ariza, afirmó que se han girado $49.638 millones en 2025, el 82 % del presupuesto anual asignado, y recordó que el aporte nacional ha aumentado de $33.000 millones en 2022 a $60.000 millones en 2025, cubriendo el 72 % del costo total. Rivera Ariza fue enfático al señalar que la Gobernación tiene la obligación legal de cofinanciar el programa y exigió su reactivación inmediata. “Solicitamos de forma respetuosa, pero categórica, que se reactive de inmediato el Programa de Alimentación Escolar en todos los municipios del Tolima”, mencionó. La Procuraduría ha intervenido convocando una mesa técnica para mediar en el conflicto, pero la situación sigue sin resolverse, mientras padres de familia y rectores expresan su frustración por la falta de coordinación entre las administraciones.
En resumenLa crisis del PAE en Tolima evidencia una grave falla de coordinación intergubernamental, donde una disputa administrativa y presupuestal ha dejado a miles de niños vulnerables sin alimentación escolar, comprometiendo su bienestar y derecho a la educación.