La transferencia a Prosperidad Social garantiza que estos espacios no serán destinados a fines exclusivamente comerciales o inmobiliarios.

Por el contrario, como afirmó el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, los bienes se utilizarán para fortalecer la economía popular, mejorar el abastecimiento de alimentos y ampliar la oferta institucional en la capital nortesantandereana. La medida se alinea con una política más amplia de apoyo a la inclusión productiva y la soberanía alimentaria, asegurando que la infraestructura pública beneficie directamente a las comunidades más vulnerables y contribuya a la seguridad alimentaria de la región. La entrega formal de los bienes deberá completarse en un plazo máximo de seis meses.