La resolución fue notificada por aviso a las partes involucradas, entre ellas Alirio Núñez Rojas, María Esperanza Ortiz, Ana Rosa Ascanio, Jean Carlos Arroyo y Leovaldo Montañez.

Este procedimiento de notificación pública se utiliza cuando no es posible contactar directamente a los interesados. El caso se origina en una decisión de primera instancia del inspector de control urbano, que fue apelada por los querellados. Aunque el contenido específico de la resolución y el sentido del fallo (a favor o en contra de los apelantes) no se detallan en las notificaciones, el proceso en sí mismo es significativo. Refleja los esfuerzos de la administración municipal por regularizar y ejercer control sobre actividades comerciales que, como las 'recuperadoras', a menudo operan en zonas grises de la normativa urbana y pueden generar conflictos relacionados con el uso del espacio público, el ordenamiento territorial y la seguridad. Este tipo de acciones administrativas son fundamentales para la planificación urbana y la convivencia ciudadana, especialmente en un contexto donde la recuperación de espacios públicos es una prioridad declarada por el gobierno local.