Sin embargo, el problema es más profundo y estructural.

Según la seccional de Asonal Judicial, el sistema de justicia local está saturado, con funcionarios que manejan más de 3,500 casos activos cada uno, sumado a una escasez de defensores públicos.

Esta congestión retrasa las investigaciones y deja a las familias sin respuestas.

La Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) enfrenta obstáculos adicionales, como la multiplicidad de grupos criminales y el miedo de los testigos a colaborar.

“En muchas inspecciones, nadie quiere hablar.

El temor paraliza la información”, explicó una fuente judicial. La situación fronteriza complica aún más el panorama, ya que muchos delincuentes huyen a Venezuela, donde no existe cooperación judicial efectiva. Para agravar la situación, el sector judicial se prepara para un recorte presupuestal de 74,000 millones de pesos el próximo año, lo que amenaza con debilitar aún más su capacidad de respuesta.