Esta situación se ve exacerbada por un sistema de justicia desbordado.

La Fundación Progresar advirtió que los índices de impunidad en la ciudad alcanzaron el 97 %, lo que, en palabras de su presidente Wilfredo Cañizares, significa que “a cualquiera le sale barato cometer un crimen en la ciudad”. Desde el sector judicial, la seccional de Asonal Judicial reporta una congestión de más de 3.500 casos activos por cada funcionario, describiendo un sistema “colapsado”. Los investigadores enfrentan además la falta de colaboración ciudadana por miedo a represalias y la dificultad de perseguir a delincuentes que huyen a Venezuela, donde no hay cooperación judicial efectiva. Como respuesta, el coronel Ojeda anunció el refuerzo de la Sijín con 30 nuevos agentes y de la seccional de Inteligencia con 20 más, además de la implementación de ‘caravanas por la vida’ para patrullajes preventivos.