La Alcaldía de Cúcuta inició un operativo de demolición en el sector conocido como el 'Triángulo de las Bermudas', un punto crítico asociado a la venta de autopartes robadas. Sin embargo, la intervención fue suspendida abruptamente por una orden judicial, generando un choque entre la acción administrativa y las garantías procesales. La acción municipal se fundamentó en un riguroso proceso administrativo, técnico y judicial que se extendió por 14 meses e incluyó 63 audiencias individuales con los ocupantes del sector. La administración, liderada por el alcalde Jorge Acevedo, argumentó que la intervención era una respuesta a las constantes denuncias ciudadanas sobre la comercialización de artículos robados y la afectación al orden público. “Muchos cucuteños estamos indignados porque nos roban un stop o una farola, y ahí mismo aparece para la venta.
Ese delito queremos erradicar”, afirmó el mandatario.
El plan de la alcaldía para el terreno recuperado contempla la construcción de un parque y un Comando de Atención Inmediata (CAI) para reforzar la seguridad. No obstante, cuando la maquinaria ya había comenzado a derribar las estructuras, una acción de tutela de último minuto frenó el operativo. El alcalde Acevedo acató la decisión, declarando: “Somos respetuosos de las decisiones de los jueces.
Por eso suspendemos la intervención”. Por su parte, los comerciantes afectados, representados por el abogado Juan Pablo Sanabria, sostienen que la intervención los deja sin sustento y que su presencia en el lugar se originó en una reubicación autorizada por la alcaldía en 2012.
“Queríamos un diálogo digno.
Nos sentimos maltratados”, lamentó Andrés Felipe Cruz, líder del sector.
La alcaldía ha asegurado que agotará todos los recursos jurídicos para continuar con la recuperación del espacio.
En resumenLa recuperación del 'Triángulo de las Bermudas' se encuentra en un limbo legal, enfrentando la determinación de la Alcaldía de erradicar un foco de ilegalidad con los derechos de los comerciantes. El futuro del espacio, proyectado para ser un parque con un CAI, dependerá de la resolución final del proceso judicial.