Ese delito queremos erradicar”, afirmó el mandatario.

La intervención fue el resultado de un riguroso proceso administrativo que se extendió por 14 meses y que incluyó 63 audiencias individuales con los ocupantes, visitas técnicas y la expedición de la Resolución Policiva 0151 de 2025, la cual ordenó la restitución del espacio. A pesar de que varias acciones de tutela fueron declaradas improcedentes, una medida de último minuto logró frenar la demolición.

Por su parte, los comerciantes argumentan que la intervención los deja sin sustento y que su presencia en el lugar se originó por una reubicación autorizada por la alcaldía en 2012.

Andrés Felipe Cruz, líder del sector, lamentó el trato recibido: “Después de 13 años aquí, queríamos un diálogo digno.

Nos sentimos maltratados”.

Mientras el proceso judicial avanza, la Alcaldía ha manifestado su intención de utilizar todos los recursos jurídicos para continuar con la recuperación del área, donde proyecta la construcción de un parque y un CAI para reforzar la seguridad.