Esta situación se ve agravada por un sistema de justicia desbordado.

Según la Fundación Progresar, la impunidad en la ciudad alcanza el 97 %, lo que significa que solo tres de cada cien delitos avanzan en su investigación.

Fuentes del sector judicial confirman el colapso, con funcionarios que manejan más de 3.500 casos activos, una notoria escasez de defensores públicos y dificultades para recolectar pruebas debido al temor de los testigos a represalias.

Además, la condición fronteriza facilita la fuga de delincuentes hacia Venezuela, donde la cooperación judicial es prácticamente inexistente. Como respuesta, el coronel Ojeda anunció el refuerzo de los equipos de investigación con 30 nuevos agentes para la Sijín y 20 para la seccional de Inteligencia, junto con la implementación de ‘caravanas por la vida’. Sin embargo, el panorama se complica con un recorte presupuestal previsto de 74.000 millones de pesos para el sector justicia el próximo año, lo que amenaza la capacidad de respuesta institucional.