Un análisis de la Fundación Progresar, presentado en el II Foro sobre Violencia Urbana, reveló que la impunidad en la ciudad alcanza el 97%, lo que significa que solo tres de cada cien delitos avanzan en las investigaciones. Wilfredo Cañizares, presidente de la fundación, fue contundente: “Así, a cualquiera le sale barato cometer un crimen en la ciudad”.

Esta crisis se ve agravada por la saturación del sistema judicial.

Según Asonal Judicial, jueces y fiscales enfrentan una congestión de más de 3.500 casos activos por funcionario, sumado a la escasez de defensores públicos. La Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) enfrenta obstáculos adicionales como la multiplicidad de grupos criminales, la falta de colaboración ciudadana por miedo a represalias y la facilidad con que los delincuentes huyen a Venezuela, donde no existe cooperación judicial efectiva. Como respuesta, la Policía anunció el refuerzo de la Sijín con 30 nuevos agentes y de la inteligencia con 20 más, además de la implementación de ‘caravanas por la vida’.