Sin embargo, el problema trasciende la capacidad policial y se adentra en una profunda crisis del sistema judicial. Según la Fundación Progresar, los índices de impunidad en la ciudad alcanzan un alarmante 97%, lo que significa que “de cada 100 delitos apenas en tres se logra avanzar en las investigaciones”. Esta situación se ve agravada por una severa congestión judicial, con funcionarios que manejan más de 3.500 casos activos cada uno, y una escasez de defensores públicos. La Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) enfrenta obstáculos adicionales como la falta de colaboración ciudadana por miedo y la facilidad con que los delincuentes huyen a Venezuela, donde no existen mecanismos de cooperación judicial efectivos. A esto se suma un recorte presupuestal previsto de 74.000 millones de pesos para el sector judicial el próximo año, lo que amenaza con debilitar aún más su capacidad operativa.