La situación es multifactorial y compleja.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), coronel Libardo Ojeda, admitió que el bajo nivel de esclarecimiento de los crímenes alimenta la violencia y atribuyó el repunte a la posible “llegada de otros actores criminales, especialmente del Catatumbo”. Esta hipótesis sugiere una reconfiguración de las dinámicas delictivas en la ciudad.

Paralelamente, el sistema judicial se encuentra al borde del colapso.

Según la seccional de Asonal Judicial, los funcionarios enfrentan una congestión de más de 3.500 casos activos cada uno, lo que imposibilita una atención oportuna.

La Fundación Progresar agrava el diagnóstico al señalar que la impunidad en Cúcuta alcanza el 97 %. Su presidente, Wilfredo Cañizares, afirmó que “de cada 100 delitos apenas en tres se logra avanzar en las investigaciones… Así, a cualquiera le sale barato cometer un crimen en la ciudad”. La falta de colaboración ciudadana por miedo a represalias, la fuga de delincuentes hacia Venezuela ante la ausencia de cooperación judicial efectiva y un inminente recorte presupuestal de 74.000 millones de pesos para el sector judicial en 2026 agravan el panorama, dejando a la ciudad en una encrucijada donde la violencia aumenta mientras la justicia se debilita.