El sistema judicial está saturado, con funcionarios que manejan más de 3.500 casos activos cada uno, lo que impide una atención oportuna. A esto se suma la falta de colaboración ciudadana, a menudo paralizada por el miedo a represalias, y la dificultad para perseguir a los delincuentes que huyen a Venezuela, donde no existen mecanismos de cooperación judicial efectivos. Como respuesta, las autoridades han anunciado el fortalecimiento de sus capacidades investigativas, con la incorporación de 30 nuevos agentes a la Sijín y 20 a la seccional de Inteligencia, además del despliegue de patrullajes preventivos bajo la estrategia “caravanas por la vida”.