Las autoridades prohibieron explícitamente estas movilizaciones y los "piques" para prevenir alteraciones del orden público y garantizar la tranquilidad ciudadana.

Con una postura de cero tolerancia, la administración municipal y la fuerza pública establecieron un plan de contingencia que incluyó la instalación de puestos de control en 15 puntos estratégicos de Cúcuta y su área metropolitana. Para hacer cumplir la medida, se dispuso de un contingente de entre 650 y 750 efectivos, incluyendo grupos especiales del Ejército y la Policía. El alcalde Jorge Acevedo fue enfático al declarar: “Si la gente está dispuesta a armar desórdenes, nosotros estamos dispuestos a hacer cumplir la ley, vamos a estar con Policía y Ejército”. La estrategia no solo se centró en el control vial, sino también en el aspecto social, ya que se preveía la participación de menores de edad. Por ello, se contó con el apoyo de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y dos comisarios de familia para sancionar a menores y padres de familia que incumplieran las normas, especialmente en lo relativo al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. El secretario de Seguridad Ciudadana, Edwin Cardona, afirmó que estas medidas buscaban que los niños pudieran salir a recoger dulces sin ningún riesgo, mientras que el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Libardo Ojeda, aseguró que no se permitiría ningún tipo de desorden.