Sin embargo, la violencia se ve perpetuada por una profunda crisis en el sistema judicial. Según la Fundación Progresar, los niveles de impunidad en la ciudad alcanzaron un alarmante 97%, lo que llevó a su presidente, Wilfredo Cañizares, a afirmar que “a cualquiera le sale barato cometer un crimen en la ciudad”. Esta situación se explica por un sistema judicial colapsado, donde según Asonal Judicial, los funcionarios enfrentan una carga de más de 3.500 casos activos cada uno, sumado a la escasez de defensores públicos. Las investigaciones se ven obstaculizadas por la falta de colaboración ciudadana debido al miedo a represalias y la facilidad con que los delincuentes huyen a Venezuela, donde no existen mecanismos de cooperación judicial efectivos. Como respuesta, las autoridades anunciaron el fortalecimiento de los cuerpos de investigación, con la incorporación de 30 nuevas unidades a la Sijín y 20 a la Seccional de Inteligencia, además del despliegue de patrullajes preventivos denominados ‘caravanas por la vida’.