La Fiscalía General de la Nación ha imputado cargos formales contra César Rojas Arias, quien se desempeñó como director seccional de la entidad en Norte de Santander entre 2014 y 2017, por su presunta responsabilidad en delitos de violencia sexual contra una funcionaria que estaba bajo su cargo. El caso, que se adelanta con un enfoque diferencial de género ante el Tribunal Superior de Bogotá, pone de manifiesto graves acusaciones de abuso de poder dentro de la institución. Según la investigación, Rojas Arias habría aprovechado su posición jerárquica para cometer los delitos de acceso carnal violento, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, acto sexual violento y acoso sexual, todos en modalidad agravada.
La Fiscalía sostiene que el exfuncionario asedió y agredió a la víctima durante un periodo aproximado de nueve meses.
Presuntamente, utilizó su autoridad para intimidarla con amenazas de traslados o represalias laborales si no accedía a sus exigencias de índole sexual. César Rojas Arias, quien también dirigió las seccionales de la Fiscalía en Magdalena Medio y Vichada, no aceptó los cargos formulados durante la audiencia de imputación. El proceso judicial continúa con la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer su responsabilidad penal. La víctima está recibiendo acompañamiento psicosocial como parte de las medidas de protección integral. Este caso se suma a otros escándalos recientes que han afectado a funcionarios públicos en la región, generando preocupación sobre la integridad y el control dentro de las instituciones del Estado. La Fiscalía investiga si existen otras denuncias similares en su contra en las demás regiones donde laboró.
En resumenCésar Rojas Arias, exdirector de la Fiscalía en Norte de Santander, enfrenta un proceso judicial por cuatro delitos sexuales agravados y acoso, presuntamente cometidos contra una subalterna. La investigación revela un presunto patrón de abuso de poder sistemático, utilizando su cargo para intimidar a la víctima. Aunque el exfuncionario no aceptó los cargos, el caso avanza, destacando la necesidad de fortalecer los mecanismos de control contra el abuso en las instituciones públicas.