Los cargos imputados son acceso carnal violento, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, y acto sexual violento, todos en modalidad agravada, además del delito de acoso sexual.

Según la acusación, el exdirector habría ejercido presión e intimidación, amenazando a la funcionaria con traslados y represalias laborales si no accedía a sus exigencias.

La audiencia de imputación se llevó a cabo ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, donde Rojas Arias no aceptó los cargos.

El proceso judicial continuará para determinar su responsabilidad penal.

Este escándalo se suma a otros casos recientes que han involucrado a funcionarios públicos en la región, poniendo en tela de juicio la integridad y los mecanismos de control dentro de las instituciones del Estado.