Las víctimas van desde un agricultor de 82 años, Belisario Peñaranda, hasta Sergio Tamayo, hijo del gerente del hospital de Ocaña.

El principal motivo parece ser la extorsión, un método de financiación para los grupos armados que operan en la región. Según George Edinson Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, existe un subregistro de al menos 60 personas actualmente en cautiverio. Describió el “triángulo entre Norte de Santander, el sur del Cesar y el municipio de La Esperanza” como una zona compleja que requiere una acción coordinada. La crisis alcanzó un nuevo nivel con el rescate del comerciante Álvaro Antonio Páez Ortiz, en el que fueron capturadas seis personas, entre ellas un capitán y un patrullero de la Policía. El general William Quintero Salazar confirmó que se iniciaron procesos penales y disciplinarios contra los agentes, lo que pone de manifiesto el desafío de la corrupción institucional. El gobernador William Villamizar ha pedido reiteradamente la liberación de todos los secuestrados, afirmando que “es necesario que cese el flagelo del secuestro y que los nortesantandereanos no sean más víctimas de estas acciones”. Estos hechos subrayan las disputas territoriales entre disidencias de las Farc, estructuras del Eln y bandas criminales por el control de rentas ilegales y corredores de movilidad.