Alrededor de 838 miembros de la comunidad indígena Motilón-Barí, incluyendo más de 300 niños, niñas y adolescentes, se han concentrado en el parque Cúcuta 300 años en una minga pacífica. La protesta, que ya completa varios días, busca un diálogo directo con el presidente Gustavo Petro para atender un pliego de exigencias históricas relacionadas con la protección de su territorio ancestral y el acceso a derechos fundamentales. Provenientes de municipios del Catatumbo como Tibú, Teorama, El Tarra, Convención y El Carmen, los manifestantes reclaman la delimitación de su territorio, la protección de sus prácticas culturales de caza y pesca, acceso a agua potable, saneamiento básico, salud, educación y la implementación efectiva de los planes de vida y el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Alexander Dora, coordinador de derechos humanos de la comunidad, ha sido enfático en la postura de la minga: “Llevamos varios días aquí y aunque hemos recibido agua, baños portátiles y atención a algunos enfermos, las soluciones de fondo no llegan.
No nos vamos a retirar hasta ser escuchados por el presidente”.
Ante la movilización, la Alcaldía de Cúcuta, en coordinación con la Gobernación de Norte de Santander y otras entidades, activó un Puesto de Mando Unificado para monitorear la situación y garantizar la seguridad de los manifestantes. El secretario de Seguridad Ciudadana, Edwin Cardona, manifestó: “hemos dispuesto todas las capacidades para proteger la integridad de los manifestantes y garantizar el normal desarrollo de esta concentración”. La administración municipal ha desplegado promotores de seguridad y ha coordinado con la Policía Metropolitana para realizar controles en los alrededores del parque y proteger a los integrantes de la comunidad.
En resumenLa protesta de la comunidad Motilón-Barí en Cúcuta visibiliza una deuda histórica del Estado con este pueblo indígena. Mientras la administración municipal se enfoca en garantizar la seguridad y el orden durante la movilización, la solución de fondo a las demandas territoriales y de derechos depende de un compromiso directo del Gobierno Nacional.