La minga ha generado una compleja situación humanitaria y política en la capital nortesantandereana. La movilización, que ha congregado a cerca de 838 personas, incluyendo más de 300 niños, niñas y adolescentes, se ha concentrado en el parque Cúcuta 300 años. El eje central de su reclamo es el cumplimiento de la sentencia T-052 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordena la ampliación, saneamiento y delimitación de su territorio ancestral. Además, el pliego de peticiones incluye demandas urgentes sobre acceso a agua potable, saneamiento básico, salud, educación y la implementación de planes de vida acordes con su cosmovisión. Los líderes de las 23 comunidades presentes han sido enfáticos en su postura de no negociar con funcionarios de rango medio, exigiendo un diálogo directo con el presidente Gustavo Petro. Alexander Dora, coordinador de derechos humanos de la comunidad, expresó: “No nos vamos a retirar hasta ser escuchados por el presidente”. La Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander han respondido activando un Puesto de Mando Unificado (PMU) para garantizar la seguridad de los manifestantes y coordinar la entrega de ayudas humanitarias, aunque la comunidad insiste en que las soluciones de fondo dependen exclusivamente del Gobierno Nacional.