El cierre del corredor vial fue una medida de presión de los damnificados por una avalancha ocurrida hace más de dos años, quienes reclaman el cumplimiento de los compromisos gubernamentales. Las principales exigencias de los manifestantes incluían el pago de arriendos atrasados, la compra de predios para su reasentamiento definitivo y la implementación de un plan integral de ayudas humanitarias. El personero de Ábrego, Antonio José Rodríguez, había señalado el agotamiento del diálogo, afirmando: “necesitamos soluciones reales y no más trámites”.

El impacto económico fue severo, con gremios como la ANDI reportando pérdidas millonarias y desabastecimiento parcial de alimentos en varios municipios. La resolución del conflicto llegó tras jornadas de concertación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que se comprometió a girar los recursos para nueve meses de arriendo. A pesar del levantamiento del paro y la normalización del tránsito, las comunidades advirtieron que podrían retomar las protestas si los compromisos pactados no se materializan, dejando una sensación de solución temporal a una problemática estructural de largo aliento.