La protesta tuvo un impacto directo en la economía regional; gremios como la ANDI reportaron millonarias pérdidas y se alertó sobre un desabastecimiento parcial de alimentos. La solución llegó tras jornadas de concertación en las que la UNGRD se comprometió a girar nueve meses de arriendo a las familias afectadas. A pesar de la reapertura de la vía, las comunidades advirtieron que podrían retomar las protestas si los compromisos pactados no se cumplen, evidenciando la fragilidad del acuerdo y la persistente vulnerabilidad de la zona.