Durante casi una semana, el corredor vial que conecta Ocaña con Cúcuta estuvo completamente cerrado, generando una crisis económica y de movilidad en el nororiente colombiano. Los manifestantes, familias damnificadas por una avalancha ocurrida hace más de dos años, recurrieron a las vías de hecho ante lo que consideraron incumplimientos del Gobierno. Sus exigencias se centraban en el pago de arriendos atrasados, la compra de terrenos para su reasentamiento definitivo y un plan integral de ayudas humanitarias y reconstrucción de infraestructura. El personero de Ábrego, Antonio José Rodríguez, resumió el sentir de la comunidad al afirmar que “el diálogo se agotó, necesitamos soluciones reales y no más trámites”. El impacto del bloqueo fue significativo, con gremios como la ANDI reportando millonarias pérdidas en el transporte de carga y comercio, además de un desabastecimiento parcial de alimentos en varios municipios. La complejidad de la situación fue reconocida por el alcalde de Ábrego, Huber Darío Sánchez, quien señaló dificultades en el proceso de compra de predios para la reubicación. Finalmente, la protesta se levantó tras una mesa de concertación en la que la UNGRD se comprometió a girar nueve meses de arriendo a las familias afectadas mientras avanza el proceso de compra de los terrenos. A pesar de la reapertura de la vía, las comunidades advirtieron que podrían retomar las protestas si los compromisos pactados no se cumplen a cabalidad.