El personero de Ábrego, Antonio José Rodríguez, había advertido que el diálogo estaba agotado y que se necesitaban soluciones concretas, afirmando: “Necesitamos soluciones reales y no más trámites que retrasen el proceso”. El impacto económico del cierre fue severo; gremios como la ANDI alertaron sobre millonarias pérdidas en el transporte de carga y el comercio, además de signos de desabastecimiento de alimentos en varios municipios. La solución llegó tras jornadas de concertación en las que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se comprometió a girar nueve meses de arriendo a las familias afectadas mientras avanza el proceso de compra de predios. A pesar de la reapertura de la vía, las comunidades advirtieron que podrían retomar las protestas si los compromisos pactados no se cumplen, lo que deja una sensación de alivio temporal pero mantiene la incertidumbre sobre una solución definitiva a la crisis humanitaria y de infraestructura en la zona.