Los manifestantes, familias damnificadas por el desastre natural, reclamaban soluciones definitivas a su crisis humanitaria.

Sus exigencias incluían el pago inmediato de arriendos atrasados, la compra de predios para su reasentamiento definitivo y la implementación de un plan integral que garantizara la reconstrucción de infraestructura, como escuelas, y un nuevo trazado vial para superar la falla geológica que afecta la zona. El personero de Ábrego, Antonio José Rodríguez, advirtió que "el diálogo se agotó" y que las comunidades necesitaban "soluciones reales y no más trámites".

El impacto del bloqueo fue severo.

Gremios como la ANDI y empresas de transporte reportaron pérdidas millonarias y un desabastecimiento parcial de alimentos y productos agrícolas en varios municipios. El cierre afectó a transportadores, comerciantes y turistas, paralizando un eje vial que conecta a Norte de Santander con la costa Caribe.

Aunque se habilitó un corredor humanitario para emergencias médicas, la parálisis económica fue generalizada. La protesta se levantó tras varias jornadas de concertación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que se comprometió a girar nueve meses de arriendo a las familias afectadas. Sin embargo, las comunidades advirtieron que el levantamiento del paro es condicional y podrían retomar las vías de hecho si los acuerdos no se cumplen, evidenciando que la solución a la problemática de fondo sigue pendiente.