Alcaldía de Cúcuta traslada a más de 250 reclusos para descongestionar estaciones de policía

La Alcaldía de Cúcuta, en coordinación con la Policía Metropolitana y el INPEC, ha iniciado el traslado de más de 250 personas privadas de la libertad (PPL) desde estaciones de policía y Comandos de Atención Inmediata (CAI) hacia el Complejo Carcelario y Penitenciario de la ciudad. Esta medida busca reducir el crítico hacinamiento en los centros de detención transitoria y optimizar el uso de la fuerza policial. La iniciativa responde a la Sentencia Unificada 122-2022 de la Corte Constitucional y se enmarca en un convenio interinstitucional que busca solucionar una problemática de larga data en la ciudad. El hacinamiento en las estaciones no solo genera condiciones inhumanas para los detenidos, sino que también desvía a un número significativo de policías de sus labores de vigilancia y patrullaje en las calles para dedicarlos a la custodia de reclusos. El secretario de Gobierno, Miguel Castellanos, explicó la importancia estratégica de la medida: “con estas acciones logramos liberar a los uniformados que estaban custodiando a estas personas, para llevarlos al servicio de vigilancia en las calles de Cúcuta”. El primer grupo de trasladados incluye sindicados por delitos de alto impacto como homicidio, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Este esfuerzo se complementa con otras acciones de la administración municipal en materia de salud pública para esta población, como las mesas de trabajo para la prevención de la tuberculosis, donde se definen estrategias para mitigar la transmisión de la enfermedad en los centros de reclusión del INPEC y los CAI, reconociendo la vulnerabilidad de quienes se encuentran privados de la libertad.

En resumen

El traslado de más de 250 reclusos en Cúcuta es una acción gubernamental clave para aliviar el hacinamiento en las estaciones de policía y, fundamentalmente, para reincorporar a más uniformados a las labores de seguridad ciudadana. La medida, que cumple con un mandato de la Corte Constitucional, aborda una crisis humanitaria y fortalece la capacidad operativa de la Policía en un momento crítico para la ciudad.