La instalación no autorizada de una valla publicitaria en la vía que conecta Cúcuta con Villa del Rosario, ofreciendo la recompensa de Estados Unidos por Nicolás Maduro, ha desatado una fuerte polémica y puesto en riesgo la vida de un ciudadano local. El cartel, escrito en inglés, mostraba la oferta de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del mandatario venezolano y 25 millones por Diosdado Cabello. La estructura fue ubicada en un predio privado sin el consentimiento de su administrador, José Alexander Sierra, quien ordenó su desmantelamiento pocas horas después de que se hiciera viral. Tras esta acción, Sierra denunció haber recibido amenazas de muerte, por lo que solicitó garantías de seguridad a las autoridades colombianas.
“La valla contra Maduro fue instalada sin mi autorización.
No pertenezco a ningún partido político y no tengo intereses en Venezuela ni en Colombia”, declaró Sierra, quien además anunció acciones legales para desvincularse del hecho.
El episodio ha elevado la tensión en la ya volátil frontera.
El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, acusó sin pruebas al expresidente Álvaro Uribe Vélez de estar detrás de la iniciativa, añadiendo más ruido político al asunto. El incidente se enmarca en la fuerte presión judicial de Estados Unidos contra el gobierno venezolano, al que acusa de liderar el llamado ‘Cártel de los Soles’, una red vinculada al narcotráfico. La aparición de la valla fue interpretada por algunos como una provocación política y por otros como un recordatorio de la vigilancia internacional sobre el chavismo, convirtiendo un espacio publicitario local en el epicentro de un nuevo pulso diplomático.
En resumenLa controversia por la valla publicitaria evidencia la fragilidad de la normalización de relaciones en la frontera colombo-venezolana, donde las tensiones políticas internacionales pueden manifestarse localmente, generando intimidación y poniendo en peligro a los ciudadanos ajenos al conflicto.