Norte de Santander: entre acuerdos binacionales y persistentes desafíos de seguridad

El departamento de Norte de Santander, epicentro de la frontera colombo-venezolana, se encuentra en el centro de discusiones sobre cooperación binacional mientras enfrenta graves desafíos internos de seguridad. La violencia de grupos armados sigue afectando a la población civil, evidenciando una compleja realidad regional. La situación en Norte de Santander expone una marcada dicotomía entre los esfuerzos diplomáticos de alto nivel y la cruda realidad de seguridad que viven sus habitantes. Recientemente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la activación de la primera zona binacional con Colombia, comenzando en los límites con Norte de Santander. El objetivo, según Maduro, es potenciar el comercio y consolidar la frontera como un “territorio de paz”, para lo cual prometió redoblar “la lucha directa contra las bandas violentas y criminales en esa vasta región”. Sin embargo, este discurso contrasta fuertemente con la situación que enfrentan los docentes en el mismo departamento. Según informes, cerca de 180 maestros han sido amenazados y forzados a abandonar sus puestos en lo que va del año, principalmente en la zona del Catatumbo. Leonardo Sánchez, presidente de ASINORT, calificó a El Catatumbo como “la zona más crítica donde se concentran las amenazas”, lo que ha dejado a cientos de estudiantes sin clases y ha puesto en riesgo el calendario escolar. Esta crisis humanitaria y educativa subraya que, mientras los gobiernos avanzan en acuerdos macro, la presencia y el control de grupos armados al margen de la ley continúan desestabilizando la vida cotidiana y vulnerando derechos fundamentales en las áreas rurales del departamento. La promesa de un “territorio de paz” parece lejana para quienes, como los educadores, ejercen su profesión bajo un miedo constante, evidenciando la profunda brecha entre la retórica política y la seguridad efectiva en el terreno.

En resumen

Norte de Santander vive una paradoja: mientras se anuncian acuerdos binacionales para convertir la frontera en un territorio de paz, la violencia de grupos armados persiste, forzando el desplazamiento de docentes y afectando el derecho a la educación. Esta realidad evidencia que los desafíos de seguridad locales requieren acciones más allá de la diplomacia para garantizar la protección de la población civil.