Municipios como Tibú, El Tarra, San Calixto y Sardinata son algunos de los más afectados”, afirmó Sánchez. El impacto de este desplazamiento forzado es doble: por un lado, representa una violación a los derechos humanos de los maestros, quienes deben abandonar sus proyectos de vida y laborales bajo coacción; por otro, genera una interrupción crítica en el proceso formativo de niños y jóvenes. Con más del 50% del calendario escolar de 2025 ya avanzado, muchos estudiantes permanecen a la espera de la asignación de nuevos docentes, lo que agudiza las brechas educativas en zonas ya vulnerables. El testimonio de Ángel Fernández, un docente que tuvo que huir del Catatumbo años atrás por amenazas de grupos armados, refleja el temor constante con el que deben ejercer su profesión: “Es muy complicado ejercer la profesión en medio del conflicto; uno vive con miedo y sin garantías para trabajar tranquilo”. La comunidad educativa y los sindicatos exigen a las autoridades soluciones urgentes que garanticen la seguridad del magisterio y permitan el normal desarrollo de las actividades académicas.