Municipios como Tibú, El Tarra, San Calixto y Sardinata son algunos de los más afectados”. El impacto es doble: por un lado, los maestros viven en un estado de miedo constante, como lo relata el docente Ángel Fernández, quien tuvo que huir de la región por la presión de grupos armados ilegales. Por otro lado, con más del 50% del calendario escolar ya cumplido, cientos de estudiantes permanecen sin clases a la espera de nuevos nombramientos, lo que agrava las brechas educativas en una de las zonas más vulnerables del país.
Esta problemática de seguridad no es un hecho aislado. Se enmarca en un contexto de control territorial por parte de “bandas violentas y criminales”, como las describió el presidente venezolano Nicolás Maduro al anunciar la creación de una zona binacional. Dicho anuncio incluye un componente de refuerzo de la seguridad en la frontera, reconociendo implícitamente que la inestabilidad en la región es un problema binacional que requiere acciones coordinadas. La situación de los docentes es, por tanto, un síntoma de una enfermedad más profunda que afecta a toda la zona fronteriza, donde la ausencia del Estado ha permitido el fortalecimiento de actores armados que imponen su ley y vulneran los derechos fundamentales de la población civil.