Esta decisión ha obligado a los gobiernos locales a buscar alternativas con la banca multilateral e inversionistas privados para sacar adelante la iniciativa. La controversia se agudizó tras un cruce de declaraciones entre la administración local y el Ministerio de Transporte. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, desmintió a la ministra María Fernanda Rojas, quien justificó la negativa en supuestos incumplimientos de la región. “Las declaraciones de la ministra de Transporte no son ciertas. Quiero ser absolutamente enfático en que todo estaba listo”, afirmó Eder, asegurando que existen actas de los ministerios de Hacienda y Transporte que lo confirman. La Gobernación del Valle y las alcaldías de Cali y Jamundí habían asegurado su parte del 30%, equivalente a cerca de 3,5 billones de pesos, mediante vigencias futuras y convenios. Ante el bloqueo de los 8,4 billones de pesos que debía aportar la Nación, la gobernadora Dilian Francisca Toro declaró: “Si no cofinanció, se bajó.

Pero nosotros seguimos montados en el tren y lo vamos a sacar adelante”.

La región ha activado un plan alternativo que incluye una intensa agenda de reuniones con representantes de la Unión Europea, Corea del Sur, Estados Unidos, el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC). El objetivo es atraer un inversionista privado que aporte los cerca de 3 billones de pesos faltantes para la primera fase (Cali-Jamundí), a cambio de la construcción y operación del sistema. Se exploran también fuentes de financiación complementarias, como la redensificación urbana a lo largo del corredor férreo.