Las consecuencias son devastadoras, especialmente para los pacientes más vulnerables. Se reporta la suspensión de tratamientos para niños y adultos con cáncer, la falta de medicamentos para pacientes con hemofilia y enfermedades huérfanas, y el riesgo inminente de que pacientes trasplantados pierdan sus órganos por no recibir los fármacos necesarios. Lesmes citó casos dramáticos, como el de una bebé de un año que murió tras pasar por cinco hospitales sin recibir la atención adecuada. La sobrecarga en los servicios de urgencias ha superado el 300 % de ocupación en algunas instituciones, y el número de tutelas diarias se ha triplicado, pasando de 70 a 150. La Gobernación insiste en que la solución es financiera y exige una intervención inmediata del presidente, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud para inyectar recursos y saldar las deudas.