El alcalde Eder destacó la transformación simbólica del lugar, afirmando: “Aquí antes había deterioro y miedo.

Hoy hablamos de seguridad, empleo y confianza”. La intervención es integral, pues se complementa con el cierre de 12 expendios de droga en la zona, programas de atención a habitantes de calle y la pavimentación de vías aledañas, como la calle 12 entre carreras 10 y 11, para mejorar el acceso y el entorno. La fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, resaltó que la obra, desarrollada bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), no solo moderniza la infraestructura judicial, sino que también “resignifica este territorio y acompaña la renovación urbanística tan necesaria”. Urbanistas y expertos han señalado que el edificio debe actuar como un “buen vecino” y un detonante del cambio social y cultural, consolidando la presencia del Estado como motor de progreso en áreas olvidadas.