El proyecto del Tren de Cercanías del Valle del Cauca se encuentra en una fase crítica, enfrentando una carrera contra el tiempo para asegurar la cofinanciación del Gobierno Nacional antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, en medio de un debate político sobre la gestión y los plazos del proyecto. La gobernadora Dilian Francisca Toro y diversos gremios empresariales han intensificado su llamado al presidente Gustavo Petro para que firme el convenio de cofinanciación antes del 8 de noviembre. Advierten que, de no concretarse, el proceso podría retrasarse significativamente, incluso hasta 2026. El proyecto, catalogado como de importancia estratégica nacional, contempla una inversión del 70 % por parte de la Nación y el 30 % de los entes territoriales, y su primer tramo conectará a Cali con Jamundí, beneficiando a más de 150.000 pasajeros diarios y reduciendo considerablemente las emisiones de CO₂.
Sin embargo, la urgencia ha sido opacada por una controversia política local.
La concejal Ana Erazo acusó al alcalde Alejandro Eder de radicar el proyecto de vigencias futuras ante el Concejo a última hora, a pesar de haber afirmado públicamente durante meses que “Cali ya había cumplido”. Erazo afirmó: “Esto es una prueba más de que el señor Alejandro Eder es un mentiroso.
Sale todos los días a los medios de comunicación a decir que aquí ya está todo listo”.
La concejal criticó que un proyecto de $1,7 billones se deba estudiar en un solo fin de semana. Por su parte, la administración defiende la viabilidad financiera del proyecto, asegurando que el Confis aprobó las vigencias futuras y que los aportes del Distrito están garantizados. Ciudadanos y expertos, como el vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, han expresado su respaldo, calificándolo no solo como un proyecto de movilidad, sino como “un proyecto social” que transformará la región.
En resumenEl futuro inmediato del Tren de Cercanías depende de una firma del Gobierno Nacional que debe concretarse en cuestión de días. Mientras tanto, el debate local evidencia tensiones sobre la planificación y la transparencia en la gestión de uno de los proyectos de infraestructura más importantes para el futuro de Cali y el Valle del Cauca.