A esta voz se han sumado gremios empresariales como ProPacífico, Camacol Valle y la Cámara de Comercio de Cali, así como congresistas y el Concejo de Cali, quienes advierten sobre los graves impactos económicos y sociales de un posible aplazamiento. El proyecto, que en su primera fase conectará Cali con Jamundí, promete reducir los tiempos de desplazamiento en un 33 %, disminuir la accidentalidad y generar más de 14.000 empleos. La región ya ha asegurado su parte de los recursos y completado los estudios técnicos, por lo que la responsabilidad recae ahora en la Nación, que según la Ley de Metros, debe aportar el 70 % del costo total. El riesgo es que, de no firmarse el convenio a tiempo, todo el proceso deba reiniciarse, perdiendo la inercia y los avances logrados hasta la fecha.