El futuro del Tren de Cercanías del Valle, uno de los proyectos de infraestructura más estratégicos para el suroccidente colombiano, se encuentra en una fase crítica. Autoridades locales y gremios económicos han hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional para que firme el convenio de cofinanciación antes del 8 de noviembre, fecha en que entra en vigor la Ley de Garantías Electorales. La presión para asegurar los recursos de la Nación, que corresponden al 70 % de la inversión total estimada en 14 billones de pesos para su primera fase, ha escalado a contrarreloj. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, enviaron una carta formal al presidente de la República y al Departamento Nacional de Planeación (DNP), solicitando la priorización del trámite. La región ya ha cumplido con su parte, asegurando el 30 % de la financiación y completando toda la estructuración técnica con el apoyo de la Financiera de Desarrollo Nacional. El alcalde Eder advirtió que, de no concretarse la firma, el proceso podría retrasarse hasta junio de 2026, lo que representaría un grave revés.
“En Cali y el Valle estamos listos para sacar adelante este proyecto, ya contamos con los recursos y todos los compromisos que nos corresponden al día.
Solo estamos a la espera del aval técnico del Ministerio de Transporte, el aval del Ministerio de Hacienda y el COMPES de Planeación Nacional”, afirmó el mandatario. El proyecto, que en su primer tramo conectará a Cali con Jamundí a lo largo de 23 kilómetros, es considerado fundamental para la movilidad sostenible, la competitividad regional y la generación de más de 14.000 empleos. Gremios como la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) han reiterado que el Valle no puede perder el impulso y la confianza alcanzados tras años de planificación.
En resumenEl Tren de Cercanías del Valle se encuentra en una encrucijada: a pesar de estar técnicamente listo y contar con el respaldo financiero regional, su ejecución inmediata depende exclusivamente de la voluntad política y la celeridad administrativa del Gobierno Nacional para firmar el convenio de cofinanciación antes de la fecha límite impuesta por la Ley de Garantías.
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