El impacto económico superó los 30.000 millones de pesos, afectando más del 40 % del comercio exterior del país. Una de las consecuencias más graves fue la suspensión del suministro de gas natural en Buenaventura, confirmada por la empresa Gases de Occidente, debido a la imposibilidad de que los camiones cisterna llegaran al puerto. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, criticó duramente la situación, responsabilizando al Gobierno Nacional por su falta de compromiso: “El Gobierno Nacional no cumple, y vienen y nos bloquean nuestras carreteras”.

La mandataria también denunció que las protestas no fueron pacíficas, reportando que tres policías resultaron heridos con artefactos explosivos y ácido.

Tras varios días de caos y negociaciones, los bloqueos fueron levantados luego de la firma de un acta de acuerdo en Bogotá entre representantes del Gobierno y los líderes de la movilización, estableciendo una agenda de trabajo para atender las demandas de las comunidades.