Las afectaciones superaron los 30.000 millones de pesos, con más de 8.000 vehículos represados y 150.000 toneladas de carga paralizadas. Las movilizaciones, que se extendieron por cuatro días a partir del 14 de octubre, fueron motivadas por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Nacional en temas de tierras, salud y seguridad territorial.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, criticó la situación, afirmando que los incumplimientos nacionales estaban afectando gravemente a la región. “No puede ser posible que, por incumplimientos nacionales, nos estemos viendo afectadas las regiones y Buenaventura”, detalló la mandataria.

Las consecuencias del cierre vial fueron profundas: el puerto de Buenaventura, que maneja más del 40% del comercio marítimo del país, quedó aislado, lo que obligó a la empresa Gases de Occidente a suspender el suministro de gas natural en el distrito, afectando a miles de hogares y comercios. Además, se reportó el represamiento de camiones con alimentos destinados a programas sociales para niños y adultos mayores.

La tensión escaló con denuncias de violencia, incluyendo ataques a la Fuerza Pública con explosivos artesanales que dejaron tres policías heridos. La gobernadora Toro advirtió que, tras agotar el diálogo, se intervendría la vía, lo que ocurrió en varias ocasiones, aunque los manifestantes volvían a cerrar el paso. Finalmente, tras la firma de un acta de acuerdo en Bogotá el 17 de octubre entre el Gobierno Nacional y los líderes de la movilización, se levantaron los bloqueos. El acuerdo estableció una agenda de trabajo con enfoque territorial y la creación de comisiones para revisar el cumplimiento de pactos previos, permitiendo la normalización del tránsito y el abastecimiento.