Un consejo de seguridad en Palmira, convocado para abordar la crisis de orden público en el Valle del Cauca, se vio empañado por un enfrentamiento público entre el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y personal de la Gobernación del Valle. López denunció haber sido víctima de censura y agresiones durante la reunión. El congresista del partido de la U afirmó que el altercado comenzó cuando tomó la palabra para presentar un balance crítico de la seguridad en el departamento, citando más de 13.100 homicidios desde 2020. Según López, la reunión parecía un "escenario de comité de aplausos", y al manifestar su desacuerdo, “el ministro de Defensa me mandó a callar.
Me dijo que ese no era un escenario para hacer proselitismo”.
La situación se habría agravado cuando, de acuerdo con su denuncia, personal del equipo de la gobernadora Dilian Francisca Toro le quitó el celular a su equipo de comunicaciones, les hizo borrar los videos grabados e incluso maltrataron a su secretaria privada. Por su parte, la Gobernación del Valle del Cauca desvirtuó las afirmaciones, acusando al congresista de instrumentalizar el encuentro con fines políticos.
Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, señaló que “emplear micrófonos, tomar imágenes y grabar sin la debida autorización vulnera los protocolos de seguridad, expone información sensible y pone en riesgo operaciones en curso”. La Gobernación precisó que el consejo fue convocado y liderado por el Ministerio de Defensa, que tenía a su cargo la metodología y logística.
En resumenEl incidente en el consejo de seguridad de Palmira expuso una profunda fractura política en el manejo de la crisis de seguridad del Valle del Cauca. Lo que debía ser una reunión estratégica para coordinar acciones se convirtió en un escenario de acusaciones cruzadas sobre censura, proselitismo y violación de protocolos, reflejando las tensiones entre diferentes niveles de gobierno.