La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana Estructural para Santiago de Cali, advirtiendo sobre un grave y complejo escenario de riesgo para la población civil. La advertencia subraya la confluencia de múltiples grupos armados y estructuras criminales que disputan el control territorial y las economías ilegales en la capital del Valle. La Alerta Temprana 012 de 2025 evidencia la existencia de un “conflicto híbrido” en el que convergen actores armados como el ELN, disidencias de las Farc, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y redes criminales locales y transnacionales como los Shottas, Espartanos, La Inmaculada, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y el Tren de Aragua. Estos grupos aprovechan la ubicación estratégica de Cali para controlar rentas ilegales como el narcotráfico, la minería y la trata de personas, manteniendo a las comunidades urbanas y rurales en un riesgo constante de violencia, extorsiones, desplazamientos y reclutamiento de menores. La Defensoría proyecta una intensificación de la presencia armada, señalando que la aparente estabilidad actual, basada en pactos de no confrontación, es frágil y su ruptura podría desencadenar una escalada de violencia.
Entre las poblaciones más afectadas se encuentran defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, comerciantes, migrantes y comunidades étnicas.
Para mitigar estos riesgos, la entidad formuló 35 recomendaciones urgentes al Estado, abarcando desde la respuesta rápida y la seguridad humana hasta la justicia y la atención a víctimas. En una sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) en Cali, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, instó a no politizar las alertas y a atender los riesgos estructurales. “Este trabajo es para la gente, hago un llamado a la unión, la acción y la coordinación institucional”, concluyó.
En resumenLa Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo expone un panorama crítico de seguridad en Cali, caracterizado por la convergencia de numerosos grupos criminales y un alto riesgo para la población civil. La entidad exige una respuesta coordinada e integral del Estado para prevenir violaciones a los derechos humanos y desmantelar las estructuras que amenazan la estabilidad de la región.