El Gobierno Nacional ha ratificado que en octubre se firmará el convenio para cofinanciar el Tren de Cercanías del Valle, un proyecto estratégico que promete transformar la movilidad y la competitividad en el suroccidente colombiano. Esta decisión representa un avance crucial para la materialización de una obra de infraestructura largamente anhelada por la región. El proyecto, considerado un pilar para el desarrollo regional, recibirá una financiación del 70 % por parte de la Nación, mientras que el 30 % restante será aportado por la Gobernación del Valle y las alcaldías de Cali y Jamundí. La primera fase, que conectará a Cali y Jamundí a lo largo de 23 kilómetros con 21 estaciones, será un sistema 100 % eléctrico, alineado con las metas de sostenibilidad. Con una inversión estimada de 12 billones de pesos, se proyecta la creación de más de 14.000 empleos y una reducción de más de 37.000 toneladas de CO₂ anualmente.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ha sido una figura central en la promoción del proyecto, celebrando el anuncio pero a la vez manifestando su preocupación por los plazos. “Es un proyecto que hemos soñado los vallecaucanos”, expresó Toro, añadiendo que “es muy importante poder lograr que antes del 9 de noviembre esté firmado porque en ese momento entra la Ley de Garantías y por más voluntad que se tenga si no se firma antes de Ley de Garantías, pues va a ser difícil”. Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que “el tren de cercanías no es un sueño, es una realidad en construcción”. La confirmación del respaldo gubernamental ha sido recibida con optimismo por diversos sectores, que ven en el tren una oportunidad para mejorar la calidad de vida, disminuir los tiempos de viaje y reactivar la economía.
En resumenEl compromiso del Gobierno Nacional para cofinanciar el Tren de Cercanías es un hito para el Valle del Cauca. La región, liderada por la gobernadora Dilian Francisca Toro, celebra el avance pero urge a firmar el convenio antes de la Ley de Garantías para asegurar la ejecución de un proyecto que promete beneficios económicos, sociales y ambientales de gran escala.