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Cali anuncia millonaria inversión en tecnología para reforzar la seguridad

La Alcaldía de Cali, en respuesta a la reciente ola de ataques terroristas, ha anunciado una inversión superior a los 30.000 millones de pesos para modernizar su infraestructura de seguridad. Esta estrategia busca fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública mediante la adopción de tecnología de punta para la vigilancia y la defensa. Del total de la inversión, 20.000 millones de pesos se destinarán a la creación de un sistema de defensa contra drones, una medida que responde directamente a la creciente amenaza del uso de estos dispositivos en ataques por parte de grupos armados ilegales. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, alertó que informes de inteligencia sugieren que el frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc estaría en proceso de adquirir 3.000 drones para atentar contra la Fuerza Pública. Los 12.500 millones restantes se invertirán en la modernización del sistema de cámaras de seguridad de la ciudad. El alcalde Alejandro Eder señaló que, aunque Cali cuenta con más de 2.000 cámaras, es crucial actualizar el software para optimizar la detección de delitos en tiempo real. “Queremos un software más preciso, que permita identificar en tiempo real a los responsables de homicidios, robos y amenazas contra la ciudadanía”, aseguró Eder.

Adicionalmente, la Alcaldía entregó a la Policía Metropolitana dos nuevos drones con cámaras de largo alcance y sensores térmicos para fortalecer la vigilancia. Estas medidas fueron acordadas en un consejo de seguridad con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, donde también se pactó la creación de “corredores seguros” y la llegada de fuerzas especiales para blindar la ciudad.

En resumen

Ante el recrudecimiento de la violencia y el uso de nuevas tecnologías por parte de grupos criminales, la administración de Cali ha optado por una respuesta contundente, centrada en una inversión histórica en tecnología antidrones y videovigilancia avanzada para anticipar riesgos y mejorar la capacidad de reacción de las autoridades.