Por otro lado, en respuesta al atentado del 21 de agosto, las concejales Ana Leidy Erazo y Carlos Andrés Arias propusieron medidas específicas para las víctimas. Erazo planteó la suspensión inmediata del cobro del Impuesto Predial a las viviendas afectadas y del ICA a los locales comerciales dañados.

Arias sugirió un esquema de exoneración más prolongado, de hasta siete años, con reducciones graduales para permitir una recuperación económica sostenible de los damnificados. La administración distrital ha mostrado receptividad a estas ideas; el director de Hacienda de Cali ya se encuentra evaluando la viabilidad técnica y fiscal de suspender el cobro del predial a los afectados por el atentado, lo que podría representar un primer paso concreto para aliviar la carga de las familias y comerciantes golpeados por la violencia.