Esta situación ha encendido las alarmas en el ámbito político y económico.

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián David López, advirtió que la no adjudicación de una nueva concesión pondría en riesgo inversiones por $4,3 billones destinadas a la modernización y ampliación del aeropuerto durante los próximos 30 años, afectando además cerca de 34.000 empleos. El proyecto suspendido incluía obras clave como la ampliación de plataformas, una nueva torre de control y una terminal de bajo costo. Paralelamente, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ha solicitado al Gobierno Nacional que se compense al municipio de Palmira por la pérdida de aproximadamente $32 mil millones anuales que recibía por contraprestaciones aeroportuarias. La propuesta es que dichos recursos se traduzcan en inversión social concertada con el alcalde. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se comprometió a explorar alternativas y a plantear la solicitud al Presidente, aunque aclaró que no es una obligación legal de la Aerocivil. Mientras tanto, la entidad ha anunciado una inversión de hasta $90.000 millones para garantizar la operación durante la transición.