Las amenazas, que según el alcalde Eder “se conocen desde hace semanas”, provienen del mismo grupo responsable del atentado con carro bomba del 21 de agosto.

Ante la gravedad de la situación, ambos mandatarios recibieron un refuerzo inmediato en sus esquemas de seguridad.

Eder se mantuvo firme, declarando: “No tengo miedo porque confío en la Fuerza Pública.

Estos sinvergüenzas nos quieren devolver a la década de los ochenta”. Por su parte, la gobernadora Toro agradeció la protección de la inteligencia del Ejército y la Policía, y reiteró que “la seguridad de los vallecaucanos es mi prioridad”. La directora seccional de la Fiscalía en Cali, María Isabel Sarama, confirmó el inicio de las labores investigativas y afirmó: “Esperamos contar con la colaboración de los afectados a efectos de obtener información”. El senador Carlos Motoa criticó la gestión del gobierno nacional, asegurando que “la omisión del gobierno para enfrentar las economías ilegales tiene al Valle y a Cali muy acorralados por la criminalidad”.

El rechazo a las intimidaciones fue unánime.

El Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (CIEV) calificó los hechos como “un grave atentado contra la democracia”, mientras que la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) expresó: “No vamos a ceder ante el terror”.