La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 012-2025 para Cali, advirtiendo sobre un complejo escenario de “conflicto híbrido” en la ciudad. Esta situación se caracteriza por la coexistencia y competencia entre grupos armados organizados, estructuras de crimen organizado y redes transnacionales que se disputan las economías ilegales, generando un alto riesgo para la población civil. La alerta, emitida días después del atentado con carro bomba del 21 de agosto, detalla la presencia de actores como el ELN, las disidencias de las FARC del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas y el Ejército Gaitanista de Colombia. A estos se suman grupos criminales locales y regionales como los Shottas, Espartanos, La Oficina y La Inmaculada, además de la injerencia de carteles mexicanos y el Tren de Aragua. Según la Defensoría, estas alianzas logísticas y económicas fortalecen las economías ilícitas e impactan directamente los derechos a la vida, libertad e integridad de los habitantes. La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que “la dinámica ha cambiado, ha evolucionado de una manera negativa y necesitamos compartir nuevas recomendaciones para fortalecer la respuesta institucional”, por lo que se evalúa actualizar la alerta 01 de 2022.
El informe identifica como zonas de mayor riesgo barrios de ladera y del oriente como Siloé, Floralia, Mojica y Llano Verde, así como corregimientos rurales como Navarro, Pance, Felidia y Pichindé.
Ante esta situación, el alcalde Alejandro Eder expresó su preocupación y solicitó un mayor respaldo del Gobierno Nacional, señalando que “se está viendo una descomposición de la seguridad en todo el país, en gran parte por la reducción del presupuesto para seguridad”.
La Defensoría incluyó 34 recomendaciones para mitigar los riesgos y proteger a las comunidades.
En resumenLa alerta temprana de la Defensoría del Pueblo formaliza la grave crisis de seguridad que enfrenta Cali, describiendo una compleja red de actores armados y criminales que amenaza a la población. La advertencia exige una acción coordinada y urgente de las autoridades locales y nacionales para prevenir una mayor escalada de violencia.
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