Tras el atentado del 21 de agosto, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 012-2025, advirtiendo sobre un "conflicto de carácter híbrido" en Cali. La entidad señala la coexistencia y competencia entre grupos armados organizados, estructuras de crimen organizado y redes transnacionales. El documento de la Defensoría detalla un panorama de riesgo alto para la población civil, originado por la confluencia de múltiples actores ilegales. Entre los grupos armados organizados se identifica la presencia del ELN, disidencias de las FARC adscritas al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas y el Ejército Gaitanista de Colombia. A estos se suman estructuras de crimen organizado locales y regionales como 'Los Shottas' y 'La Inmaculada', además de la influencia de carteles mexicanos y el 'Tren de Aragua'. La Defensoría describe este entrelazamiento como un "conflicto híbrido" que impacta directamente los derechos a la vida, libertad e integridad de los habitantes. La alerta identifica como zonas de mayor riesgo los barrios Siloé, Floralia, Mojica y Llano Verde, así como los corregimientos rurales de Navarro, Pance, Felidia y Pichindé.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, anunció que se está evaluando expedir una nueva alerta que actualice la emitida en 2022, debido a que "la dinámica ha cambiado, ha evolucionado de una manera negativa". El alcalde Alejandro Eder expresó su preocupación y atribuyó parte del deterioro de la seguridad a la reducción del presupuesto nacional para este rubro, haciendo un llamado a un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis.
En resumenLa Alerta Temprana de la Defensoría formaliza la compleja crisis de seguridad en Cali, identificando a los actores armados y criminales específicos que se disputan el territorio. El informe subraya la urgencia de una respuesta institucional coordinada para mitigar los riesgos y proteger a la población civil en las zonas más vulnerables de la ciudad.