Defensoría del Pueblo advierte sobre un 'conflicto híbrido' en Cali y evalúa nueva alerta

La Defensoría del Pueblo ha emitido una grave advertencia sobre la situación de seguridad en Cali, describiéndola como un 'conflicto híbrido' por la presunta alianza entre disidencias, el ELN y bandas criminales locales. Ante la reciente escalada de violencia, la entidad está evaluando actualizar la alerta temprana emitida en 2022 para la ciudad. El informe de la Defensoría, publicado días después del atentado con carro bomba, describe un escenario complejo donde convergen tres elementos principales: la acción de grupos armados organizados como el ELN y el Bloque Occidental de las disidencias; la actividad de estructuras criminales locales y regionales como los Shottas, Espartanos y La Inmaculada, con injerencia de carteles mexicanos y el Tren de Aragua; y las redes que conectan a estos actores para fortalecer economías ilícitas. La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que “la dinámica ha cambiado, ha evolucionado de una manera negativa y necesitamos compartir nuevas recomendaciones para fortalecer la respuesta institucional”. La alerta identifica barrios como Siloé, Floralia, Mojica y Llano Verde, así como corregimientos rurales como Pance y Pichindé, como zonas de alto riesgo por la expansión de estos grupos. El alcalde Alejandro Eder expresó su preocupación y vinculó el deterioro de la seguridad a la reducción del presupuesto nacional para este rubro. La advertencia de la Defensoría no solo contextualiza los recientes ataques como parte de una disputa territorial más amplia, sino que también busca prevenir futuras acciones violentas y proteger a las comunidades que se encuentran en medio de estas confrontaciones armadas.

En resumen

La evaluación de la Defensoría del Pueblo califica la situación de Cali como un 'conflicto híbrido', evidenciando una peligrosa convergencia de múltiples actores armados ilegales. Esta advertencia institucional subraya la urgencia de una respuesta estatal coordinada y actualizada para proteger a la población civil en riesgo.