Tras el atentado en Cali, se reveló un plan avanzado de la disidencia 'Jaime Martínez' para atentar contra la vida del alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro. La confirmación de las amenazas generó una ola de respaldo institucional y el refuerzo inmediato de sus esquemas de seguridad. Informes de inteligencia militar y policial, obtenidos en operativos del bloque de búsqueda en el suroccidente, descubrieron que la estructura criminal había realizado seguimientos durante semanas a ambos mandatarios y que los planes de atentado estaban en una fase avanzada. La gobernadora Toro confirmó la veracidad de la información y agradeció la protección brindada por el Ejército y la Policía, reafirmando que “la seguridad de los vallecaucanos es mi prioridad”.
Por su parte, el alcalde Eder declaró con firmeza: “A mí no me intimidan, caleños.
Estoy firme para trabajar por nuestra ciudad”.
La amenaza, según Eder, proviene del mismo grupo responsable del atentado con carro bomba.
La noticia provocó una reacción inmediata de rechazo y solidaridad. El Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (CIEV) calificó los hechos como “un grave atentado contra la democracia, la institucionalidad y el ejercicio legítimo de la autoridad civil”. De igual forma, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) expresó su respaldo, declarando: “No vamos a ceder ante el terror”. Como respuesta, desde Bogotá se ordenó un reajuste y fortalecimiento de los esquemas de protección de ambos líderes regionales.
En resumenLas amenazas directas contra las máximas autoridades de Cali y el Valle del Cauca escalan la crisis de seguridad, evidenciando un desafío frontal de los grupos armados a la institucionalidad y provocando un cierre de filas en el ámbito político y empresarial en defensa de la democracia.