La situación se complicó al revelarse que Eapsa subcontrató a la firma local Civacom Ingeniería SAS por $6.200 millones, lo que sugiere una intermediación que costó al municipio aproximadamente $729 millones. El concejal José David Cavanzo acentuó la polémica al comparar el gasto actual con los $2.514 millones invertidos en 2023, evidenciando un aumento considerable.

Como respuesta, la Contraloría de Bucaramanga abrió una actuación especial de fiscalización para determinar un posible detrimento patrimonial, mientras que la Procuraduría inició una indagación preliminar.

A nivel administrativo, el alcalde Javier Sarmiento ordenó una investigación interna.

Por su parte, el exalcalde encargado Eduar Sánchez, durante cuya administración se firmó el contrato, se defendió afirmando que el convenio “nunca pasó por mi despacho” y que había dejado instrucciones para revisar los procesos contractuales. El gobernador Juvenal Díaz Mateus añadió que la estructuración de estos contratos suele tomar meses, sugiriendo que el proceso se originó antes de la gestión encargada.